"El terremoto ha dejado el acceso a los servicios y oportunidades bajo cero", asegura Carmen de la Cruz
La responsable del Área de Género del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Carmen de la Cruz, ha asegurado en Santander que Haití es el país de la región América Latina-Caribe en el que "peor se encuentran los derechos de las mujeres". "El terremoto ha dejado el acceso a los servicios y oportunidades bajo cero", añadió.
Así lo afirmó en una rueda de prensa previa a su participación en el Ciclo de Debates 'Reflexiones para un mundo en cambio', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que esta tarde se abordará el tema 'Derechos de las mujeres y desarrollo en América Latina'.
De la Cruz intervino junto a la coordinadora del Área de Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Alma Espino, y la escritora y activista feminista Maruja Berrig.
De la Cruz calificó de "poco homogéneos, inestables y apenas medibles" los avances conseguidos en esta materia tras la Conferencia de Beijing en 1995. No obstante, puntualizó que, aunque se han conseguido logros, es necesario "redoblar esfuerzos en aplicar la legislación para erradicar la violencia de género y mejorar la participación económica política de las mujeres en las administraciones públicas".
Por otra parte, Berrig explicó que la mayoría de los países latinoamericanos —16 sobre 19— tienen un sistema de cuotas electorales para fomentar el aumento de mujeres en cargos políticos.
En este sentido, comentó que Argentina fue "el primer país de la región en implantarlo" y, desde entonces, se ha producido "un incremento sustantivo". Como ejemplo, se refirió al caso de Costa Rica, donde aproximadamente el 40 por ciento de los puestos en la Asamblea están ocupados por mujeres, y a Perú, que tiene un porcentaje del 30 por ciento, apuntó.
Sin embargo, subrayó que aún siguen existiendo "barreras partidistas para el ascenso de candidatas y una restricción de los recursos para sus campañas políticas". "Las dificultades son mayores en las áreas locales", dijo, donde hay menos mujeres alcaldesas y concejalas "debido a la influencia de los poderes informales y las relaciones de compadrazgo".
Espino, por su parte, abordó la interrelación existente entre los "golpes" que reciben las economías de América Latina y la situación de los derechos de las mujeres. En este sentido, subrayó que los gobiernos están llevando a cabo "políticas de emergencia" y "paquetes de medidas económicas a corto plazo" que, en su opinión, "están hipotecando los fines últimos" de los derechos "no sólo de las mujeres sino de toda la población".
Por ello, la coordinadora del Área de Desarrollo y Género del CIEDUR propuso la elaboración de medidas a corto plazo que ayuden a salir de estas situaciones "extremadamente complicadas" y que, a su vez, puedan "engarzarse" en políticas a largo plazo con "una visión más amplia, que combatan la pobreza y que no comprometan las políticas de carácter universal vinculadas a las perspectivas de derechos", recalcó.
De la Cruz intervino junto a la coordinadora del Área de Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), Alma Espino, y la escritora y activista feminista Maruja Berrig.
De la Cruz calificó de "poco homogéneos, inestables y apenas medibles" los avances conseguidos en esta materia tras la Conferencia de Beijing en 1995. No obstante, puntualizó que, aunque se han conseguido logros, es necesario "redoblar esfuerzos en aplicar la legislación para erradicar la violencia de género y mejorar la participación económica política de las mujeres en las administraciones públicas".
Por otra parte, Berrig explicó que la mayoría de los países latinoamericanos —16 sobre 19— tienen un sistema de cuotas electorales para fomentar el aumento de mujeres en cargos políticos.
En este sentido, comentó que Argentina fue "el primer país de la región en implantarlo" y, desde entonces, se ha producido "un incremento sustantivo". Como ejemplo, se refirió al caso de Costa Rica, donde aproximadamente el 40 por ciento de los puestos en la Asamblea están ocupados por mujeres, y a Perú, que tiene un porcentaje del 30 por ciento, apuntó.
Sin embargo, subrayó que aún siguen existiendo "barreras partidistas para el ascenso de candidatas y una restricción de los recursos para sus campañas políticas". "Las dificultades son mayores en las áreas locales", dijo, donde hay menos mujeres alcaldesas y concejalas "debido a la influencia de los poderes informales y las relaciones de compadrazgo".
Espino, por su parte, abordó la interrelación existente entre los "golpes" que reciben las economías de América Latina y la situación de los derechos de las mujeres. En este sentido, subrayó que los gobiernos están llevando a cabo "políticas de emergencia" y "paquetes de medidas económicas a corto plazo" que, en su opinión, "están hipotecando los fines últimos" de los derechos "no sólo de las mujeres sino de toda la población".
Por ello, la coordinadora del Área de Desarrollo y Género del CIEDUR propuso la elaboración de medidas a corto plazo que ayuden a salir de estas situaciones "extremadamente complicadas" y que, a su vez, puedan "engarzarse" en políticas a largo plazo con "una visión más amplia, que combatan la pobreza y que no comprometan las políticas de carácter universal vinculadas a las perspectivas de derechos", recalcó.
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