La lucha campesina en Haití

La lucha campesina en Haití
Página Abierta, 208, mayo-junio de 2010.
            El sector agropecuario de Haití emplea el 66% de la fuerza de trabajo nacional y representa el 26,9% del Producto Interior Bruto. Se caracteriza por ser una estructura agraria sobre la base de 600.000 pequeñas explotaciones que cultivan una superficie promedio que oscila entre 0,5 y 1,8 hectáreas de tierra trabajadas de forma tradicional, pero con una enorme diversidad que les permite alimentar a su familia y obtener algo de excedente con el que comerciar. El Estado y las clases dominantes haitianas se han encargado de someter al campesinado a través de diversos mecanismos económicos, jurídicos y culturales. Con todo, representan la esperanza de futuro de este país.

            Los campesinos y las campesinas haitianos practican una agricultura tradicional, diversificada y pluvial (bajo régimen de las lluvias), con herramientas tradicionales (machete, pico, más laya, horquilla para los más favorecidos) y con mano de obra sobre todo familiar, a excepción de algunas ocasiones, como al principio del periodo de lluvias, para apoyarse en el trabajo de la tierra. Se producen tubérculos, maíz, habichuela, cítricos, hortalizas, café, ganado bovino, ganado menor y aves de corral. En las comunidades campesinas la población siente orgullo de tener su “jardín” –como llaman a la parcela– en buen estado, limpio, cuidado y con gran cantidad de productos. Las familias mantienen las prácticas comunitarias de apoyo. Saben que no pueden esperar nada del Estado y que sólo cuentan con sus propias fuerzas.
            Una de las exigencias fundamentales de las organizaciones campesinas en Haití es la “producción nacional”, o como se grita en las manifestaciones protagonizadas por la gente del campo, “pwodiksyon nasyonal”. Y es que a pesar de su peso específico en la economía, como decíamos, el sector agrario no cuenta con ningún apoyo estatal. El Estado haitiano obtiene el 70% de sus ingresos del sector agropecuario, pero tan sólo destina el 4% de su presupuesto nacional al campo. La relación con la cadena productiva se estructura a través de un sector privado controlado por familias de tradición comercial que actúan de intermediarias y que se han mantenido gracias a los requisitos que el Código Rural impone para obtener los permisos de exportación de café, cacao e importaciones de productos manufacturados.
            En el año 2004, la producción local sólo cubrió el 43% de la disponibilidad alimentaria nacional. El resto fue cubierto por importaciones (52%) más un 5% de ayuda alimentaria. Este porcentaje de producción local se ha reducido de forma permanente desde que en los años 80 el país comenzó un proceso de liberalización y de ajuste estructural controlado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que le ha llevado a ser en estos momentos el país más abierto a nivel comercial de América Latina y, precisamente por eso, el más pobre. La mayoría de los productos agropecuarios básicos, como el arroz, tienen arancel cero, y esto ha llevado consigo la destrucción de una parte importante de la estructura productiva nacional.
            Tras el terremoto del pasado mes de enero, la gestión de la emergencia por parte de los organismos internacionales agravará esta situación, tal y como ya denuncian las organizaciones campesinas. Dos factores influirán: por un lado, la FAO prevé el reparto de ayuda a dos millones de personas durante seis meses sin tener presente la producción local, socavando el precio de los productos locales; y por otro lado, el desplazamiento de más de un millón de personas procedentes de la capital hacia sus lugares de origen en el campo en estas primeras semanas, ha hecho que las familias campesinas hayan consumido los granos guardados para la siembra de la campaña en curso y, en consecuencia, en este momento en el país no hay semillas disponibles. Se teme, a pesar de la alerta realizada por las organizaciones campesinas, la entrada de semillas híbridas y transgénicas en forma de alimento o grano. Las multinacionales como Monsanto o Cargill son rápidas en la coordinación de su “ayuda humanitaria”.

La historia truncada de la reforma agraria en Haití

            Pese a que los análisis generales indican que en Haití no existe un problema en el acceso a la tierra y que el problema no es el latifundio sino el minifundio, es fundamental en este país revisar la realidad de la propiedad de las tierras. Las estadísticas confirman que la mitad de los campesinos y campesinas no poseen tierra y que cuatro quintas partes trabajan en tierras que no son de su propiedad. Además lo hacen bajo formas jurídicas que mantienen en muchos casos elementos de un sistema de vasallaje anterior a la democracia. La aparcería y el arrendamiento se completan con otro tipo de relaciones sociales del cultivo de la tierra como la tercería o la corvée (*). Mientras, un grupo reducido de familias siguen siendo propietarias del 45% de la tierra disponible a pesar de que no sólo las mantienen improductivas, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera viven en Haití.
            La presión demográfica en el medio rural provoca que las familias campesinas busquen tierras de cultivo hasta en zonas totalmente inapropiadas para la agricultura, como son terrenos en fuertes pendientes o cimas de los montes. Esta ocupación intensiva de los suelos acelera la deforestación (se estima que sólo subsiste un 2% de la superficie boscosa de origen) y deja los suelos desnudos durante el periodo de lluvias. La erosión consecuente de este sistema, acelerada por la naturaleza montañosa del territorio, provoca anualmente pérdidas importantes de la fertilidad de los suelos. Así, el territorio habría perdido alrededor del 21% de tierras cultivables en los últimos 20 años, y hoy se estima que tres cuartas partes de la superficie del territorio presentan riesgos de erosión grave o muy grave.
            En Haití, quienes realmente trabajan las tierras y viven en ellas nunca han tenido la más remota posibilidad de poseer un título, a pesar de que en muchos casos hay familias que llevan más de cuarenta años viviendo en ellas y trabajándolas. La inestabilidad política de Haití, alimentada y creada en muchas ocasiones por los intereses de las potencias extranjeras como Francia o los Estados Unidos y sus multinacionales, ha influido de manera determinante en la realidad del campo.
            La mayoría de tierras fértiles y productivas fueron cedidas a personas vinculadas al poder, a militares o a compañías extranjeras a cambio de prebendas económicas. Al caer estos regímenes, las personas o compañías internacionales que se hicieron con las tierras abandonan el país, y el Estado, a través del Gobierno de turno, empieza a recuperar estas tierras que muchas veces vuelven a quedar en manos de la minoría que les apoyó. En los momentos de confusión o cambio de Gobierno, las familias campesinas o los trabajadores y trabajadoras agrícolas de esas mismas fincas empiezan a ocuparlas hasta que alguien apoyado desde el Estado las reclama y los campesinos y campesinas son expulsados o pasan a trabajar como simples peones agrícolas en una relación de sumisión.
            Los conflictos por la tierra están presentes en todo el territorio y de forma más sangrante en aquellos lugares con alto potencial productivo. Así, una de las principales reivindicaciones de los movimientos campesinos haitianos ha sido y es la recuperación de las tierras expropiadas y la reforma del sistema de tenencia de la tierra. Sin embargo, y a pesar de los periodos de democracia, el movimiento por la reforma agraria en Haití ha sido sistemática y violentamente aplastado, como se explica en el cuadro adjunto.

La lucha de las organizaciones campesinas y el proceso de unidad

            El periodo dictatorial duvalierista que se extendió desde el año 1956 a 1996, con el apoyo de los Estados Unidos dentro de su estrategia de freno a la extensión de la revolución cubana, y con el consentimiento de Francia y Canadá, se caracterizó por una violencia institucionalizada y un terror absoluto. El régimen prohibió las organizaciones sociales y las reprimió brutalmente hasta hacerlas desaparecer. Poco a poco, las acciones del campesinado por toda la nación se concentraron contra los despojos de tierra practicados por los Tontons Macoutes (grupos paramilitares que prestaban su apoyo al régimen), adquiriendo cierta relevancia, lo que llevó a desarrollar en el campo las llamadas Ligas Campesinas para la Reforma Agraria. Se definían como organizaciones con vocación de masas antidictatoriales, antifeudales y antiimperialistas que agrupaban a campesinos y campesinas, con un objetivo último de derrocamiento del régimen de Duvalier y el desarrollo de un Estado popular y revolucionario.
            En este contexto, y a partir de las acciones de capacitación agraria desarrolladas por un sacerdote en la localidad de Papaye, surge en el año 1973 el MPP (Mouvmant Payizan Papay), el primer movimiento campesino de masas que logró rápidamente extenderse a todas las fuerzas conscientes en el campo. En tres años se había extendido a cinco departamentos de Haití además de crearse en su seno una organización propia de las mujeres campesinas, como forma de garantizar el empoderamiento al interior de la organización, y una organización de jóvenes. Su planteamiento de trabajo parte desde el nivel comunitario y local, donde elaboran toda su estrategia para un desarrollo rural y agrario.
            En septiembre de 1986, pequeños agrupamientos liderados por personas comprometidas de la Iglesia católica y profesionales progresistas organizaron un congreso campesino que dio lugar a la organización Tet Kole (Cabezas Juntas) y que aglutinó de forma clara a los campesinos y campesinas pobres y sin tierra y a trabajadores y trabajadoras asalariados del campo con aspiraciones a la tierra. Se trata de un movimiento campesino de clase que rechaza las formas del Estado que sólo benefician a la clase pudiente. La acción directa y la ocupación de la tierra son sus estrategias de acción, mientras que sus afiliados y afiliadas participan en otras estructuras, como cooperativas de producción e iniciativas de comercialización.
            En 1987 se celebró en Papaye el congreso de fundación de lo que pretendía ser un movimiento de articulación campesina nacional, pero que no alcanzó dichas metas. De ese congreso nació el Movimiento Campesino Nacional Congreso de Papaye que, sin reflejar la gran idea de un movimiento nacional campesino, logró aglutinar a cientos de organizaciones locales y provinciales ampliando la base social del movimiento campesino de forma muy significativa. Hoy constituye la tercera gran organización campesina del país, y organizaciones que pertenecen a esta estructura han sostenido durante décadas la lucha permanente contra las importaciones de arroz en defensa de la producción nacional.
            Por último, en 1996, y a raíz de reflexiones encabezadas por un grupo de dirigentes del Departamento del Sudeste de Haití, se crea CROSE, en una perspectiva de unir fuerzas sociales: organizaciones campesinas, redes de productores y productoras, familias pescadoras, de cooperativas, asociaciones de bancos comunitarios, asociaciones de mujeres del campo, etc. Su proyecto político es la descentralización y la construcción de la democracia desde lo comunal, no para sustituir al Estado en sus responsabilidades sino para avanzar en una verdadera república de mujeres y hombres libres. A lo largo de los años su base política campesina reivindicativa ha ido ganando peso frente a otros sectores de la organización, llevándola a adoptar posiciones cada vez más radicales frente a las situaciones de injusticia.
            Estas cuatro organizaciones iniciaron un proceso de concertación en el año 2006 con la intención de convertirse en la verdadera fuerza social, política y productiva del país. El proceso ha avanzado lentamente pero de manera firme, y durante estos cuatro años, además de reflexiones internas y extensión de su base social, han gestionado varios momentos importantes con la celebración de acciones directas, marchas, iniciativas legislativas contra los agrocombustibles, etc.
            Tras la catástrofe sufrida en Haití por el terremoto, las cuatro organizaciones campesinas han analizado la situación para redefinir su estrategia política. A saber:
            • El terremoto ha dejado al descubierto la crisis del Estado haitiano camuflada hasta entonces bajo la protección de la MINUSTHA, tutela que ahora se disputan tres bloques: EE UU y Canadá por un lado; la Unión Europea, con Francia a la cabeza, por otro; y, finalmente, el ALBA, liderado por Venezuela.
            • La alternativa de Haití está en el campo. Es la única realidad tangible del país y el único sector que mantiene su trabajo diario. La producción nacional es la estrategia y la reforma agraria es una necesidad urgente.
            • Es el momento de volver a discutir sobre la estructura política del país y apostar por la descentralización.
            En definitiva, es el momento histórico de los campesinos y campesinas haitianos.

Texto publicado en Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y Culturas, número 1, marzo de 2010.
(*) La tercería o La tercia: La producción se divide en tres partes: una se le entrega al dueño de la tierra, otra al jefe local (impuestos) y la tercera se la queda el campesino o campesina.
La corvée: Obligación que tienen los campesinos y campesinas de trabajar de manera gratuita unos días al año en las tierras del dueño de las fincas donde están instalados o para el jefe local o el jefe de la policía.

Los procesos de reforma agraria en Haití

            Los diferentes regímenes en el poder han logrado mantener a Haití apartado de los diferentes procesos de reformas agrarias de los años 60 en América Latina. Este proceso tan esperado por el campesinado haitiano llegó, por fin, en 1995 con la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INARA) por el entonces Gobierno de Aristide. Nacido con un objetivo de justicia social, el INARA quería apoyar las demandas rurales mediante el aumento de la producción agrícola y la preservación de los recursos naturales. Aquel Gobierno fue el primero en la historia en hacer un esfuerzo para llevar a cabo el proceso de reforma agraria. Los problemas a los que tuvo que enfrentarse fueron de todo tipo: ausencia de catastro, enfrentamiento de las familias dueñas de la tierra, falta de un cuerpo especializado en el levantamiento de la información necesaria, inexistencia de tribunales de tierra especializados, ausencia total de fondos y de respaldo internacional, etc., los cuales hicieron imposible cumplir con los objetivos y las promesas presentadas.
            Aun así, se logró desarrollar de manera incipiente un proceso de reforma agraria. En noviembre de 1996 fue el lanzamiento oficial de la reforma agraria en el departamento de Artibonito y la creación de varias entidades de apoyo al INARA en el proceso. El Gobierno, entonces ya presidido por Preval, apostó por este departamento por ser la más importante zona arrocera del país y al mismo tiempo por ser una zona con muchos, interminables y sangrientos conflictos con respecto a la tenencia de la tierra. En febrero de 1997, en una primera fase, se empezó a entregar títulos de parcelas de media hectárea de tierra y un apoyo económico al campesinado de la zona. Si bien es cierto que en ese momento el Gobierno mostró alguna voluntad de llevar a cabo un proceso de reforma, los resultados obtenidos fueron muy limitados.
            Según cuenta Raymond Mesadieu, de la organización Morepla, «la reforma no fue suficiente para detener la migración de los campesinos y campesinas de la zona hacia los ingenios azucareros de la República Dominicana y tampoco permitió aumentar el nivel de vida de quienes se quedaron». Lo que sí es cierto es que este principio de reforma era necesario y en parte resolvió el problema de la tenencia de la tierra en la zona donde se hizo. Sin embargo, la vocación arrocera del valle chocó con las medidas impuestas a raíz de los Tratados de Libre Comercio: el Gobierno de Preval, al mismo tiempo, aceptó y negoció la entrada de arroz procedente de EE UU con arancel cero.
            El 1 de mayo de 1997, el Gobierno quiso empezar la segunda fase en el mismo departamento, pero la debilidad política y la incapacidad del Gobierno para afrontar la situación frustraron las expectativas de miles de agricultores y agricultoras del valle que estaban esperando una oportunidad para ser dueños de una parcela donde llevaban casi toda su vida trabajando. Así llegamos hasta el final del mandato del primer Gobierno del presidente Preval (de 1996 a 2001). Los grandons (grandes propietarios de la tierra) quisieron volver a recuperar los terrenos de la reforma, mientras que el campesinado estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus parcelas, pero sin encontrar respuesta por parte de las instituciones del país.
            El actual Gobierno de Preval, a pesar de ganar las elecciones utilizando entre sus lemas la defensa de la “producción nacional”, no ha demostrado decisión para abordar esta situación. O quizás hayan sido las fuerzas internacionales que “gobiernan” Haití las que no estaban interesadas. El caso es que, como nos dice Camille Charlmers, «menos del 10% del presupuesto nacional está destinado al sector agrícola, mientras que “ellos” han apostado por el turismo y la zona franca, sin olvidar el boom del etanol, que el Gobierno ha manifestado varias veces su intención de producir. (…) Todo parece indicar que el Gobierno tiene reservadas algunas de las mejores tierras para incentivar la construcción de grandes instalaciones para maquilas y para la siembra de cultivos energéticos».